La Verdadera Operación FARC – MAPUCHE en Chile

Operadores políticos, empresariales y judiciales, contra todo principio democrático y de objetividad judicial, vienen instalando en acciones violentas y campañas mediáticas una verdadera masacre estatal neo colonial en contra de la protesta social Mapuche que exige restitución de tierras o bien, reclama contra nefastos proyectos de industrias extractivas que se quieren imponer. Las acusaciones y relación de Mapuches y FARC que se ha venido haciendo por cierto sector, serían parte de esa estrategia en el marco de la criminalización que se desenlaza brutalmente.

La criminalización a la protesta social Mapuche, que reivindica derechos humanos colectivos es una estrategia de agentes y operadores de Estado que obedecen a ciertas ideologías y/o intereses, comúnmente empresariales y de enorme influencia en el aparato público estatal, manipulando y abusando de manera aberrante con leyes fácticas para detener y condenar con altas penas a organizaciones e integrantes y desalentar sus propósitos de restitución de derechos.
Por Alfredo Seguel, integrante Colectivo Editorial Mapuexpress y del Grupo de Trabajo Por Derechos Colectivos
En este contexto y atendiendo esta campaña mediática MAPUCHE – FARC, quedan los siguientes antecedentes e interrogantes:

En junio de este año, ocurría la transmisión de un patético y tendencioso programa de Canal 13 de la Universidad Católica “Contacto”, que, contribuyó a seguir profundizando los prejuicios y estigmatizaciones por “terrorismo” a causas Mapuches en el marco de latentes conflictos por reclamaciones de tierras ancestrales. Su tema principal fue de generar la relación Mapuche y guerrilla FARC de Colombia. Abordó la judicialización y realzó los tipos de delitos por acciones “Mapuches”, pero en ello, sin mencionarlo, estaban los intereses de la Empresa Forestal Mininco (CMPC). Al respecto ¿Es coincidencia que ha sido parte influyente en el directorio del Canal 13, la empresaria miembro del LYD, Patricia Matte, una de las propietarias de la misma Mininco – CMPC?

Sabido es la relación de este grupo Matte con el Empresario golpista Edwards propietario Emol y su cadena de diarios que encabeza El Mercurio, punto de origen de una serie de instalaciones del denominado conflicto Mapuche.

Inmediatamente salido el programa contacto, el 23 de junio, publicaba el austral Temuco, diario regional del Mercurio “Indagan instrucción tipo guerrilla” , agrega “Los reveladores antecedentes fueron aportados por fiscal Emiliano Arias en reportaje de programa Contacto exhibido anoche en C13. Al menos seis líderes de la Coordinadora Arauco Malleco CAM habrían recibido instrucción tipo guerrilla en campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entre 2004 y 2007”…

¿Qué relación tienen los Fiscales que se han dedicado a perseguir a comuneros Mapuches con sectores políticos y/o empresariales en Chile?. En el diario la segunda del también Edwards, se publicaba “Fiscal: Violentistas mapuches tienen entrenamiento FARC”, indicaba así en un extenso reportaje el Fiscal regional de la Araucanía Francisco Ljubetic, quien, antes de su cargo, era profesor de derecho en la Universidad Autónoma del Sur en Temuco, cuyo propietario es el miembro de Renovación Nacional y ex diputado y constitucionalista, Teodoro Ribera.

Lo paradójico de esto, es que el Fiscal Nacional confirmaba a la prensa internacional (Agencia Ansa) en diciembre del 2009 que no hay miembros de las FARC en Chile y que no hay Mapuches entrenados por este grupo armado. Así es, el fiscal Nacional, Sabas Chahuán, aseguró que no hay elementos que certifiquen la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en Chile y descartó que mapuches hayan sido entrenados por integrantes de la guerrilla.

Bueno, ¿Hay o no hay terrorismo en Chile? Si es así, ¿porqué no difundirlo en todas las esferas periodísticas, comerciales, de mercado y gubernamentales? ¿Hay o no hay terrorismo en Chile? Que triste espectáculo están mostrando ciertos operadores estatales chilenos, triste por decir lo menos, si así se puede denominar estas repugnantes maquinaciones de intereses privados.

Todos estas instalaciones informativas en medios de circulación masiva, han creado un clima y un manto de prejuicios y estigmatizaciones de “violentismo” “terrorismo” en la previa a juicios contra decenas de comuneros Mapuches a quienes se les ha aplicado la Ley antiterrorista y que incluso, se ha pedido condenas de hasta 103 años como ocurre contra Héctor Lleitul, en el marco de conflictos que han involucrado los intereses privados de empresarios vinculados a la Ultra Derecha chilena.

Hoy frente a estas aberraciones, desproporciones y abusos, los prisioneros políticos Mapuches desde las cárceles de Temuco, Concepción y Valdivia mantienen una huelga de hambre que exige: El término de la aplicación de la Ley Antiterrorista; Someterse a debidos procesos judiciales; La desmilitarización de las comunidades indígenas, Que se terminen los testigos “sin rostro” en los juicios y que los uniformados que cometen delitos en contra del pueblos originarios sean sometidos también a la Justicia Civil, y no a la Militar que los libera y absuelve sin pagar sus culpas como viene ocurriendo frente a viles y cobardes asesinatos.

Extraño es también, que cada vez que se inician movilizaciones de este tipo que exigen justicia, aparezcan atentados incendiarios de extraña procedencia justo de haberse iniciado dicha huelga. Si son simpatizantes de causas ¿sabrán que con esas acciones solo están incrementando la estrategia mediática de los que buscan criminalizar y condenar?

Cabe mencionar que la criminalización de las demandas Mapuches también van relacionadas con la intención de desocupación de territorios, con el consiguiente desplazamiento de personas, familias y organizaciones para mantener el ocultamiento de situaciones de fondo, como la usurpación de tierras o bien, posibilitar la imposición de proyectos de interés político – económico.

Un ejemplo es lo que ocurre en Lleu Lleu, donde existen movilizaciones que exigen restitución de tierras en manos de latifundistas y empresas forestales; Y a su vez, protestan para que no se instalen nefastos proyectos mineros o se expandan los monocultivos industriales de especies exóticas forestales que tanto daño han ocasionado. En ese territorio, se ha abierto un feroz ataque de criminalizar a los integrantes de Comunidades Mapuches que viven en reduccionismo y empobrecimiento y se han militarizado los territorios. Hoy, varios de ellos, son parte de la larga lista de prisioneros políticos Mapuches a quienes se viene aplicando la Ley antiterrorista y hoy se les quiere condenar.

Historia FARC – Mapuches y turbia estrategia

La Historia FARC Mapuche no es nueva. En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las FARC con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006, lo que nunca fue demostrado.

Lo mismo era resaltado por El diputado independiente -ex RN y ex Ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg quienes aseguraron que el Ministerio del Interior estaba al tanto de la posible relación entre las FARC y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio.

Lo mismo hizo el presidenciable Sebastián Piñera en agosto de este año 2009 en agencias internacionales en medio de su campaña electoral, sin precisar quien, dónde y cuando, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras..

En Argentina, La Cámara de diputados ante la petición del diputado José Luis Sáez, a fines de Septiembre de 2009 inició una discusión para solicitarle al fiscal federal y al gobernador Jorge Sapag que realicen una “minuciosa investigación” relacionada a las denuncias efectuadas por el empresario Carlos “Nuno” Sapag sobre las comunidades mapuches locales en Neuquén, lo que fue derivado a la comisión de Peticiones y Poderes. Cabe mencionar que el empresario, hermano del Gobernador de Neuquén afirmó que existe una campaña de infiltración desde Chile de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza, según publicaba el Diario la Mañana de Neuquén l 1 de Octubre. Simultáneamente, la misma denuncia que hizo el empresario “fue publicada por el diario chileno El Mercurio. Allí decían que la inteligencia chilena manejaba información acerca de que los Carabineros seguían a grupos armados hasta la frontera argentina en el sur.

El Diario Austral de Temuco (El Mercurio) el 6 de septiembre de 2009, también replicaba “La teoría es propiedad de empresarios y ganaderos (argentinos), quienes aseguran que los mapuches están siendo instruidos militarmente por la Farc y la ETA y que el próximo 26 de septiembre habrá una reunión secreta entre ellos” agregaba el diario dichos del Empresario Sapag… “”han instaurado un régimen de terror e inseguridad” en la provincia. Sapag asegura que los dirigentes que encabezan ese tipo de maniobras son respaldados por “miembros de las Farc y terroristas de ETA”, que se encuentran ocultos en la IX Región”…”Sabemos que en la IX Región hay gente escondida que pertenece a las Farc y a ETA que se relacionan con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén”, sostiene. Advierte además de que “tienen armas y se financian con el narcotráfico”.

Paralelamente, el diario de corte fascista en Argentina, La Nación, hacía lo mismo por su parte ¿Coincidencia? Grave es que hasta el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, amigo personal del mandatario colombiano Uribe, esté involucrado en esta campaña mediática, que es parte de un sector político acostumbrado a montajes y maltrato, que no es capaz de hacer uso de mecanismos de diálogo y resolución de conflictos de manera pacífica.

No es coincidencia tampoco que el actual Gobierno haya detenido las compras de tierras a través de CONADI para las comunidades de los Pueblos originarios. Tema que es epicentro del conflicto estatal chileno.

Como se ha señalado en varias ocasiones, no es casualidad que cierta prensa escrita de Chile y Argentina, junto a políticos y gremios empresariales y latifundistas-estancieros ligados al fascismo, estén en una abierta campaña para aumentar la criminalización de la protesta social Mapuche, como asimismo, para el aumento de la militarización en Comunidades Mapuches, lo que está encasillado en una conspiración internacional y que insta a atender desde diferentes sectores sociales, políticos y de Derechos Humanos, lo que sucede realmente viene sucediendo en Chile.

Criminalización del Movimiento Mapuche

Las demandas y acciones que exigen restitución de tierras ancestrales despojadas por el estado chileno, hoy en manos de empresas y latifundistas en grandes extensiones, así como la protesta social frente a imposición de nefastos proyectos industriales capitalistas de extracción o energía han tenido como respuesta por parte de agentes y operadores políticos y judiciales del estado chileno, acompañados de campañas mediáticas de medios informativos pro empresariales, en tender a la criminalización.

La criminalización de la protesta o el activismo social es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, manifiestándose también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas, como señala la organización mexicana de DDHH Comité Cerezo.

El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2007), señalaba “la criminalización de los movimientos indígenas se ha constituido en una de las principales problemáticas en todo el planeta”, asociada a la tendencia creciente de la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas. En Colombia, Chile y Perú, países examinados en este documento, dicha criminalización es un producto estatal y está relacionada con la defensa legal de estos derechos, no solo de las movilizaciones y protestas. Son múltiples las acciones de represión política encabezadas por la fuerza pública y de judicialización de las demandas de exigibilidad, defensa y garantía de sus derechos, además de las acciones legislativas que por su carácter regresivo, lesionan la pervivencia de los pueblos indígenas”….

Como consecuencia de esta criminalización de las demandas y protestas, se reduce a un asunto de legalidad, invisivilizando las causas que la generaron al no abordar la naturaleza del conflicto. La persecución y sanción penal desplazan las acciones sociales y políticas, es decir, hay una judicialización de la política al convertir toda acción política en un delito.

La criminalización de la protesta social Mapuche que reivindica derechos humanos colectivos, es una estrategia de agentes y operadores de Estado que obedecen a ciertas ideologías y/o intereses, comúnmente empresariales y de enorme influencia en el aparato público estatal, manipulando y abusando de manera aberrante leyes para detener y condenar con altas penas a organizaciones e integrantes y desalentar sus propósitos de restitución de derechos.

La Coordinadora Andina de organizaciones indígenas, CAOI, señalaba en un informe de DDHH sobre criminalización del 2008 “Esta penalización se presenta como una protección de los bienes jurídicos, enmascarando la supuesta imparcialidad del sistema penal. Todo esto constituye una fetichización de la ley, donde sus operadores pretenden autonomizarla de lo político para convertir el conflicto social en un asunto exclusivamente de legalidad”.

En efecto, las reivindicaciones sociales del Pueblo Mapuche devienen así en actos subversivos, los discursos que denuncian las injusticias se convierten en apología del delito y la movilización en rebelión.

Como agrega CAOI, el conjunto de medidas represivas, con una persecución penal que disfraza la persecución política, va acompañado de campañas de desinformación mediáticas. Ello da como resultado una mediatización de las dirigencias y la paralización de la organización social.

En el caso Chile, los medios informativos comerciales son herramientas de determinados grupos de poder, basta ver a algunos de prensa escrita, estigmatizando con esto del “conflicto mapuche”, como si el mapuche fuera un problema o como si el mapuche hubiera generado unilateralmente los actuales conflictos. Han servido además como instrumento constante para formular la cara política e ideológica de una dominación económica y neo colonialista en sus distintas fases de expansión. Las permanentes noticias sobre la “violencia Mapuche”, que aunque luego resulte que los Mapuches no han sido los responsables o impulsores directos de los hechos relacionados, su relación, convertida ya en uso, acaba provocando una asociación terminológica Mapuche ­ terrorista, dañando enormemente, creando situaciones virtuales extremas y de gran peligrosidad.

5 comentarios en “La Verdadera Operación FARC – MAPUCHE en Chile

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s